La decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca de ordenar al histórico diario La Nueva que “rectifique” publicaciones realizadas durante la última dictadura militar reavivó una fuerte controversia institucional y jurídica, al ser interpretada por sectores críticos como un intento de modificar retrospectivamente la historia y de avanzar sobre el ejercicio de la libertad de prensa. La medida fue adoptada en el marco del fallo que condenó a 31 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad (figura inexistente en los años 70) en la causa conocida como “Zona V”. Esta decisión implica un precedente grave, al trasladar la verdad judicial construida décadas después de los hechos al terreno de la historia y del periodismo de época. Las críticas al tribunal se inscriben en un debate más amplio sobre las irregularidades denunciadas desde hace años en causas de lesa humanidad. Para los críticos, exigir una “rectificación” hoy equivale a imponer una lectura única del pasado, definida desde una perspectiva ideológica contemporánea. El fallo también reavivó cuestionamientos sobre el perfil y los antecedentes de los magistrados intervinientes. Aguerrido, por su parte, arrastra antecedentes polémicos en La Pampa, donde fue apartado de una causa sensible luego de que una sentencia absolutoria fuera revertida por instancias superiores. Sebastián y Foglia, designados en 2021 por el kirchnerismo, desarrollaron su carrera en ámbitos judiciales y académicos identificados con corrientes garantistas y progresistas que adquirieron centralidad durante los gobiernos kirchneristas. Para quienes cuestionan la medida, la publicación original del diario —más allá de las valoraciones que hoy puedan hacerse— ya integra el acervo histórico del país y constituye un testimonio del clima informativo y político de aquellos años. Junto con las condenas penales, los jueces Ernesto Sebastián, Sebastián Luis Foglia y el subrogante Marcos Javier Aguerrido dispusieron que el medio realice una nueva publicación con carácter “moralmente reparatorio”, bajo el argumento de que las víctimas no murieron en enfrentamientos armados, como se informó en su momento, sino que fueron secuestradas, torturadas, fusiladas o desaparecidas. El aspecto más cuestionado de la resolución es que no individualiza notas concretas ni analiza el contexto histórico, político y normativo en que aquellas publicaciones fueron realizadas, sino que ordena una rectificación genérica de contenidos difundidos hace más de medio siglo. Diversos especialistas, consultados en off, han señalado que muchos de estos procesos se apoyaron en testimonios considerados ideológicamente orientados, en reconstrucciones parciales de los hechos y en la aplicación de marcos normativos posteriores a los acontecimientos juzgados, lo que, según esos cuestionamientos, pone bajo sospecha la solidez jurídica y la imparcialidad de los fallos. En ese sentido, la orden impartida al diario es vista como una extensión de ese enfoque: se pretende revisar y corregir información publicada bajo las reglas, condicionamientos y censuras vigentes en los años setenta, desconociendo que esos textos forman parte del registro histórico y reflejan lo que efectivamente se sabía y se podía publicar en aquel momento.
Tribunal de Argentina ordena a un diario corregir publicaciones de la dictadura
Un tribunal de Argentina ordenó a un histórico diario que 'rectifique' sus publicaciones de la era de la dictadura militar, provocando una gran controversia. Los críticos lo ven como un intento de reescribir la historia y atacar la libertad de prensa. La sentencia se produjo en un caso contra 31 exmilitares y policías por delitos de lesa humanidad.